Sociedad en liquidación puede ceder derechos y obligaciones de licencia ambiental

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(Supersociedades, Concepto 220-022556 – 2/20/2017)
La persona jurídica beneficiaria de una licencia ambiental que esté adelantando un proceso de liquidación judicial, en los términos de la Ley 1116 del 2006, puede ceder los derechos y obligaciones originados con ocasión del otorgamiento de la referida licencia, siempre que la negociación se haga a título oneroso y se ajuste a los parámetros legales pertinentes, es decir, que cuente con la previa autorización de la autoridad ambiental y el juez del concurso, en el entendido que los derechos que otorga la licencia tienen un valor económico dentro del patrimonio liquidable del beneficiario concursado, indicó la Superintendencia de Sociedades. Así como los demás bienes de propiedad del deudor, la licencia ambiental debe constar en el inventario del patrimonio a liquidar, tal y como lo establece el Decreto 1730 del 2009.

Buscan modificar artículos sobre competencia funcional y territorial de la Dian en el tema de zonas francas

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(Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Proyecto de norma – 3/22/2017)
A través de un proyecto de resolución, la Dian anunció que pretende modificar el parágrafo 2° del artículo 4º de la Resolución 7 del 2008 (adicionado por el artículo 1º de la Resolución 73 del 2016), sobre el funcionamiento de las zonas francas costa afuera. Así, se aprobaría que cuando se trate de zonas francas permanentes costa afuera que incorporen en su declaratoria una base en tierra en un área continental o un área insular o cuenten con dicha base en tierra ubicada en otra zona franca permanente, la competencia será ejercida por la dirección seccional de la Dian con jurisdicción aduanera en el lugar donde esté ubicada la base en tierra. Finalmente, el proyecto incluye la derogación de la Resolución 73 del 2016. Se recibirán comentarios, observaciones y sugerencias sobre el proyecto de resolución del 21 al 22 de marzo de 2017, a través del correo electrónico subdir_comercioexterior@dian.gov.co.

Empresas que generen empleo en zonas afectadas por el conflicto podrán tener 100 % de descuento en impuesto de renta

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(Presidencia de la República, Comunicado – 3/23/2017)
El alto consejero para el Posconflicto, los Derechos Humanos y la Seguridad, Rafael Pardo, explicó que los empresarios que generen empleo y condiciones de desarrollo en las zonas afectadas por el conflicto interno obtendrán descuentos en el impuesto de renta hasta del 100 %. Las empresas que generen oportunidades laborales al abrir operaciones en las Zomac tendrán reducciones de impuestos de renta en los próximos 10 años y se distribuirán así: medianas y grandes empresas recibirán hasta el 50 % de descuento en el impuesto de renta y pequeñas empresas recibirán hasta el 100 %. Esto durante los primeros cinco años, en los cinco siguientes el descuento continuará, aunque se reducirá.

Gobierno busca proyectos que aumenten la productividad de pequeños y medianos productores

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(Mincomercio, Comunicado – 3/23/2017)
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo informó que el 31 de marzo del 2017 vence el plazo para que gremios, asociaciones, empresas ancla u organizaciones de apoyo empresarial, entre otros,  postulen ante el Programa de Transformación Productiva (PTP) sus propuestas de encadenamientos productivos o asistencia técnica gremial, con el objetivo de beneficiar a los pequeños y medianos productores. Las propuestas que sean seleccionadas tendrán cofinanciación con recursos de la alianza entre Minagricultura y Mincomercio creada para aumentar la productividad y las exportaciones que requieren mejorar la eficiencia en sus procesos de producción.

ATENCION: Unifican jurisprudencia sobre sanciones por pago tardío de cesantías

Sala Edición 5 - Imagen Principal

Un conflicto negativo suscitado entre la jurisdicción administrativa y la ordinaria, con ocasión del conocimiento de una demanda que pretendía el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, sirvió de escenario para que la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura afirmara que la primera es la competente para conocer este tipo de controversias.

 

En efecto, la Sala aclaró que la vía procesal adecuada es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en tanto lo que realmente se pretende es la anulación de un acto administrativo mediante el cual se negó el pago de la sanción aludida. Lo anterior salvo que exista certeza del derecho y de la sanción, pues, en estos eventos, procede la ejecución del título complejo.

 

Para justificar su postura, resaltó lo señalado por la propia jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de Estado respecto a las hipótesis que pueden dar lugar a la existencia de un conflicto en este tema.

 

Así, puede ocurrir que la administración no resuelva el requerimiento del servidor público sobre la liquidación de sus cesantías o que no las reconozca y, por ende, no las pague.  (Lea: Claves para evitar que prescriba la sanción moratoria por el no pago de cesantías)

 

Pero, además, advirtió que es posible que al efectuar el reconocimiento no las pague, las pague tardíamente, las reconozca extemporáneamente y no las pague, o bien, las reconozca extemporáneamente y las pague de forma tardía.

 

De acuerdo con la corporación, esta decisión facilita el acceso de los usuarios a la administración de justicia, toda vez que al crear un precedente vinculante se evita la proposición de conflictos sobre este tema, contribuyendo así a la seguridad jurídica y a la creación de un precedente de obligatoria aplicación para todas las autoridades.

 

Acción ejecutiva

 

Tenga en cuenta que en los eventos en que no exista controversia sobre el derecho y reconocimiento de sanción moratoria, por existir la resolución de reconocimiento y la constancia o prueba del pago tardío, que, en principio, podrían constituir un título ejecutivo complejo de carácter laboral, el interesado puede acudir directamente ante la justicia ordinaria para obtener el pago mediante la acción ejecutiva.

 

En este caso, la obligación debe reunir los requisitos previstos en los artículos 100 y siguientes del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social, esto es, ser expresa, clara, exigible y constar en documento que provenga del deudor, o de su causante, puesto que el fundamento del proceso ejecutivo es la certeza sobre la existencia de la obligación.

 

Precisamente, para que exista este elemento no basta con que la ley haya dispuesto el pago de la sanción moratoria, porque si bien es la fuente de la obligación, no por ello constituye el título ejecutivo que se materializa con el reconocimiento de lo adeudado.  (Lea: Unifican criterio sobre extinción del derecho a las cesantías)

 

Esto quiere decir que el interesado debe provocar el pronunciamiento de la administración para obtener el acto administrativo que le sirva de título ejecutivo ante la jurisdicción laboral, no ante los jueces administrativos, finaliza la providencia (M. P. José Ovidio Claros).

 

Consejo Superior de la Judicatura Sala Disciplinaria, Sentencia 11001010200020160179800, Feb 16/17

Con descuento de 10%, primer plazo para pago de impuesto predial en Bogotá

Foto: Alberto Peña Kay.

De acuerdo a lo estipulado en la resolución SHD-000459 del 19 diciembre de 2016, el primer plazo para el pago del impuesto predial en Bogotá, con descuento del 10 por ciento está fijado para el próximo 1 de abril de 2017.

Los contribuyentes que no se acojan a este beneficio tendrán plazo para pagar sin descuento hasta el  16 de junio.

Cabe resaltar que la mencionada resolución definió el plazo para el pago a través de un sistema alternativo denominado Pago Alternativo Por Cuotas Voluntario (SPAC),  el cual consiste en realizar el pago del impuesto predial en 4 cuotas iguales, a partir del 12 de mayo de 2017.

Para acceder al SPAC, los contribuyentes deben presentar la respectiva declaración del impuesto predial en forma virtual antes del próximo 31 de marzo de 2017.

 

TAGS: Impuesto predial Bogotá, Secretaría de Hacienda Distrital.

Gobierno reglamentará Estatuto Tributario en materia de exclusión de celulares y computadores de IVA

dian
(Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Proyecto de norma – 3/17/2017)
El Ministerio de Hacienda publicó un proyecto de decreto reglamentario de los numerales 5 y 6 del artículo 424 del Estatuto Tributario. Se trata de la exclusión del impuesto sobre las ventas para los computadores personales de escritorio y los portátiles, haciendo énfasis en que  dicha exclusión no contempla otros artefactos como impresoras, unidades de almacenamiento externo, escáner, módem externo, cámara de video y otros accesorios o periféricos. También se propone la exclusión de dispositivos móviles inteligentes como tabletas y celulares, teniendo en cuenta que aplica para aquellos cuyo valor al momento de la venta o comercialización no exceda de 22 UVT. Se recibirán comentarios, observaciones y sugerencias sobre el proyecto de decreto del 17 al 24 de marzo, a través del correo electrónico hsanchezc1@dian.gov.co.