Municipios tienen competencia para adoptar y reglamentar el impuesto de alumbrado público en su jurisdicción

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(Minhacienda, Concepto 28766 – 8/10/2016)
Corresponde a los municipios establecer mediante acuerdo del concejo los elementos del impuesto sobre el servicio de alumbrado público, entre ellos los sujetos pasivos, causación, periodicidad y formas de declaración y pago. Por lo tanto, tienen competencia para la adopción y reglamentación del tributo en su jurisdicción, renta que puede destinarse a la financiación del servicio, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 2424 del 2006. En reciente concepto, el Ministerio de Hacienda recordó que la Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 191 de la Ley 1753 del 2015, según el cual se sustituía el impuesto de alumbrado público por una contribución para la financiación de dicho servicio. En consecuencia, indicó, recobró vigencia el impuesto de alumbrado público contenido en la Ley 97 de 1913, con base en la cual los municipios han adoptado el tributo.

Arrendamiento de inmuebles no se considera contrato de prestación de servicios personales

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(Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Concepto 20367 – 8/2/2016)
Los contratos de arrendamiento de inmuebles difieren de los contratos de suministro y también de los contratos de prestación de servicios, ya que contemplan diferentes circunstancias que caracterizan y conforman su naturaleza, indicó la Dian. En efecto, el suministro no lleva implícita una obligación de hacer por parte del proveedor, sino una obligación de dar o prestar en ciertas condiciones cosas o servicios, mientras que el contrato de arrendamiento de inmueble contiene una obligación de conceder el goce del mismo. Por lo tanto, precisó la entidad, no se puede considerar ninguno de estos dos contratos como la prestación de un servicio personal, en los términos del Decreto 3032 del 2013, para clasificación de actividades de trabajadores por cuenta propia.

Identifique la diferencia entre error grave de un dictamen pericial y la falta de fundamentación del mismo

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(Consejo de Estado Sección Tercera, Sentencia 1300123310001998206701 (34130) – 7/8/2016)
Una sentencia reciente de la Sección Tercera del Consejo de Estado dijo que la jurisprudencia de la misma corporación ha sostenido que no se deben confundir dos factores jurídicamente distintos como son el de error grave en un dictamen pericial y la deficiencia en la fundamentación del mismo. Así las cosas, explicó que el error supone un concepto objetivamente equivocado y da lugar a que los peritos que erraron en materia grave sean reemplazados por otros. Por otro lado, precisó que la deficiencia en la fundamentación del dictamen no implica necesariamente equivocación, pero da lugar a que dicho dictamen sea descalificado como plena prueba en el fallo por falta de requisitos legales necesarios para ello. De ahí que es al operador judicial a quien corresponde apreciar el dictamen pericial y examinar si los juicios o razonamientos deducidos por los peritos tienen un firme soporte legal (C.P. Ramiro Pazos).

No devolver dineros al cliente y no expedir recibos constituye falta a la honradez

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(Consejo Superior de la Judicatura, Sentencia 05001110200020140052301 – 5/5/2016)
La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura confirmó la sentencia apelada por una abogada que la confirmó como responsable por infringir el artículo 35, numerales 4 y 6, de la Ley 1123 del 2007 (Código Disciplinario del Abogado). Estos numerales establecen como faltas a la honradez “no entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gestión profesional, o demorar la comunicación de este recibo” y “no expedir recibos donde consten los pagos de honorarios o de gastos”, respectivamente. Según los hechos, una abogada adelantó un proceso ordinario laboral en el cual se profirió sentencia favorable a su poderdante, condenando a la parte demandada a cancelar una suma cuantiosa por varios conceptos. La sociedad condenada efectuó el pago indicado por medio de varias transacciones; sin embargo, este dinero no fue entregado en su totalidad por la profesional del Derecho a su cliente, por lo que este último presentó una queja en su contra, la cual fue resuelta a su favor, imponiéndole a la profesional la suspensión de 12 meses en el ejercicio de la profesión. Ante el recurso de apelación presentado por la disciplinada, el Consejo Superior argumentó que al rendir su versión libre no confesó, sino que reconoció su falta, tratando de justificarla con explicaciones que no alcanzan a librarla de responsabilidad, toda vez que como profesional debe saber cuáles son sus deberes profesionales y las faltas en que puede incurrir al no cumplirlas, como no entregar a la menor brevedad posible los dineros a su cliente. Frente a la no expedición de recibos, la corporación aseguró que tampoco se justifica su omisión, toda vez que ella debió en cada abono efectuado por la sociedad hacer cuentas y expedir los correspondientes recibos (M.P. José Ovidio Claros Polanco).

Norma que establece irredimibilidad de los CDT está vigente y es de orden púbico

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(Superfinanciera, Concepto 2016067571 – 9/3/2016)
Cuando se celebra un contrato de depósito a término (CDT) y como consecuencia de ello se expide un título valor de contenido crediticio el plazo se entiende estipulado a favor del banco, por lo que no es posible proceder a su redención o devolución anticipada, indicó la Superintendencia Financiera. Esta irredimibilidad antes del vencimiento es un elemento propio de la naturaleza de esta clase de contratos, por lo que no admite pacto en contrario. La entidad se pronunció respecto a la vigencia y aplicación de la Resolución 10 de 1980, mediante la cual se estableció esta característica de irredimibles, al tiempo que señaló que guarda concordancia con lo previsto en los artículos 1393 y 1394 del Código de Comercio. Así mismo, citó jurisprudencia del Consejo de Estado (Sentencia del 18 de agosto de 1995) según la cual no es posible desconocer las normas de orden público económico.

Aplicación de cláusulas de permanencia en relaciones con entidades financieras depende de cada operación

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(Superfinanciera, Concepto – 8/25/2016)
A las relaciones entre entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera y los consumidores financieros no les resulta aplicable el artículo 41 de la Ley 1480 del 2011 (Estatuto del Consumidor), sobre cláusulas de permanencia, ya que esta regulación general solo será aplicable de manera supletoria o residual en aquellos eventos en que la normativa especial no regule determinado tema. En efecto, las operaciones autorizadas a las entidades vigiladas se rigen por disposiciones especiales que, a partir de la naturaleza de la operación, determinan las características y condiciones propias de cada uno de los productos que ofrecen al público, de acuerdo con su régimen legal. Por lo tanto, la procedencia de la mencionada figura en estos eventos depende fundamentalmente de la naturaleza de la respectiva operación.

¿Desde qué fecha se contabiliza el término prescriptivo para el auxilio de las cesantías?

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(Corte Suprema de Justicia Sala Laboral, Sentencia SL-65522016 (45745) – 5/18/2016)
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia reiteró que la prescripción del auxilio de cesantías empieza a contabilizarse desde la terminación del trabajo y no desde antes, toda vez que desde ese momento el trabajador puede disponer libremente de su importe y, en consecuencia, es cuando se hace exigible este beneficio. De igual forma, precisó que este auxilio constituye una prestación social y cualquiera que sea su objetivo o filosofía su denominador común es que el empleado puede usar libremente este, cuando termina la relación laboral con su empleador o durante la vigencia de su vínculo contractual en los casos especiales contemplados en la ley, en los cuales se ejerce una de la tutelas jurídicas a favor del subordinado. La corporación precisó que cuando el contrato finaliza el trabajador puede disfrutar sin cortapisa esta prestación, dado que la obligación del empleador en ese momento es la de la entrega, bien sea de forma directa a quien fue su servidor o a través de los fondos administradores (M. P. Jorge Mauricio Burgos Ruiz).