Gobierno disminuyó los riesgos de corrupción en el periodo 2013 al 2016: Índice de Transparencia

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(Presidencia de la República, Comunicado – 4/26/2017)
La Corporación Transparencia por Colombia publicó el informe sobre el Índice de Transparencia correspondiente al periodo 2015-2016, en el cual se evaluaron 67 entidades el Gobierno nacional. Se indicó que ninguna de ellas se encontró dentro de la clasificación de Riesgo Muy Alto de Corrupción. Dentro del informe se destaca un aumento de 7,4 puntos en las entidades del Gobierno en el factor visibilidad, que evalúa la disponibilidad y acceso a la información. Es importante destacar el aumento significativo que obtuvieron el Icbf y la Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas en este factor, pasando de un promedio de 40,4 a 91,3 y de 48,8 a 88,4, respectivamente. Además, nueve de los primeros 10 lugares son ocupados por entidades del Ejecutivo nacional. Las superintendencias de Sociedades y Financiera mantienen el primer y segundo lugar desde la medición 2013.

Entidades públicas están obligadas a reconstruir documentos cuando así se requiera, para garantizar el derecho a la información

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(Corte Constitucional, Sentencia T-086 – 2/15/2017)
La Corte Constitucional recordó que, de conformidad con el derecho al acceso y a la difusión de la información, la guarda de archivos por parte las entidades públicas debe desarrollarse en el marco de los principios de celeridad, eficacia, imparcialidad y publicidad, como criterios orientadores de la función administrativa. A juicio de la corporación, esta actuación puede iniciarse mediante petición elevada por el ciudadano que así lo requiera, lo que quiere decir que quien solicita la expedición de un documento, a su vez, exhorta a que se adelanten las diligencias para su ubicación, y, de ser necesarias, las que requieran su reconstrucción. De acuerdo con lo anterior, concluyó que la información, tanto personal como socialmente relevante, no se conserva por su propia naturaleza, sino que es indispensable almacenarla. En esa medida, resulta fundamental asegurar la guarda de los soportes en los cuales se almacena la información (M. P. Jorge Iván Palacio).

Superservicios fija criterios para auditorías externas de gestión y resultados

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(Superservicios, Resolución 20171300058365 – 4/18/2017)
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios expidió la Resolución 20171300058365, por medio de la cual fija los criterios para las auditorías externas de gestión y resultados realizadas por las personas jurídicas especializadas que actúan como auditores de los prestadores de servicios públicos domiciliarios y a los auditores externos de naturaleza pública. La entidad estableció los principios fundamentales que deberán cumplir los prestadores de servicios de auditoria como la integridad, la objetividad, la competencia y la diligencia profesional, los cuales deberán tener en cuenta la norma internacional de control de calidad. Además, se modificó el inciso 4° del artículo 5º de la Resolución 20061300012295 del 2006, en cuanto al cargue de los informes, el cual se deberá realizar el 31 de julio del 2017.

Sin perjuicio de que resulte sobrecalificado, contador público puede ser auxiliar contable

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(Consejo Técnico de la Contaduría Pública, Concepto 139 – 2/16/2017)
Las condiciones profesionales que deben tener las personas interesadas en asumir el cargo de auxiliar contable obedecen a los procedimientos internos de cada entidad, especialmente el área de recursos humanos que define el perfil profesional requerido para cubrir la vacante existente, indicó el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Un contador público puede ser auxiliar contable. No obstante, la conveniencia o no depende de las circunstancias de cada caso, ya que podría resultar sobrecalificado. En todo caso, independientemente de quien tenga la facultad de establecer los perfiles, si el auxiliar contable no da fe pública no necesariamente tiene que ser contador público. No es el nombre del cargo el que define si debe ser o no contador público, sino las funciones que le sean asignadas.

Supernotariado emitió instrucciones sobre el sistema nacional antilavado de activos

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(Supernotariado, Instrucción Administrativa 08 – 4/7/2017)
La Superintendencia de Notariado y Registro, a través de la Instrucción Administrativa 08 del 2017, dio instrucciones sobre las etapas de prevención y control que deben realizar todos los notarios del país en cuanto al sistema nacional antilavado de activos, contra la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masivas. En este sentido, los notarios deben aplicar medidas de control frente a los usuarios clasificados como personas expuestas políticamente (PEP), siendo necesario asegurar dentro del proceso de debida diligencia del cliente (DDC) la información exigida por la ley. Además, los notarios del país que sean objeto de requerimientos por parte de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Fiscalía o policía judicial deberán atender las solicitudes de manera inmediata. Finalmente, Supernotariado hizo especial énfasis en la necesidad de diseñar, programar y coordinar planes de capacitación sobre el Siplaft, dirigidos a todas las áreas y empleados de la notaría, por lo menos con una periodicidad anual, de manera presencial o a través de la capacitación virtual.

Transferencia de acciones en una SAS no se puede efectuar a través de negociación de valores

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(Superfinanciera, Concepto 201705898 – 2/14/2017)
Teniendo en cuenta que el artículo 4º de la Ley 1258 del 2008 prohíbe a las sociedades por acciones simplificadas (SAS) inscribirse en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE) o negociar en bolsa las acciones y los demás valores que emitan, no es jurídicamente viable que la transferencia de acciones de una SAS se efectúe a través de un sistema de negociación de valores ni mediante el mecanismo de oferta pública de valores, precisó la Superintendencia Financiera. La inscripción en el RNVE es un requisito indispensable para aquellas empresas autorizadas para actuar como emisores de valores e interesadas en negociar sus valores en un sistema de negociación o realizar ofertas públicas de los mismos, es decir, aquellas dirigidas a personas no determinadas o a 100 o más personas determinadas, con el fin de suscribir, enajenar o adquirir documentos emitidos en serie o en masa, que otorguen a sus titulares derechos de crédito, de participación y de tradición o representativos de mercancías.