Atacan aparte sobre aumento del porcentaje del ingreso base de liquidación en Ley 797 del 2003

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(Corte Constitucional, Demanda D-12042, 04/04/2017 )

Una acción admitida recientemente por la Corte Constitucional pretende la inexequibilidad del inciso final del artículo 10 de la Ley 797 del 2003, mediante la cual se reforman algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones (Ley 100 de 1993). De acuerdo con el concepto del ciudadano demandante, la Colpensiones ha estado interpretando el aparte acusado de manera inadecuada, debido a que para aumentar el ingreso base de liquidación se tiene en cuenta, solamente, si se cumplen con 50 semanas adicionales. “Aceptar este tipo de interpretación sería ir en contra de su finalidad y de los principios consagrados en la Constitución, por cuanto en ningún apartado del ordenamiento jurídico se sostiene que el aumento de este porcentaje solo se aumentará en un 1.5 %  si se llega a dicho monto de semanas requeridas”, explica uno de los apartes del escrito. Como consecuencia, concluyó que el aumento del ingreso base de liquidación debe realizarse sin importar si las semanas adicionales no superan las 50. En el documento adjunto a esta nota puede encontrar las demás razones que presenta la demanda.

 

Preparación de medios magnéticos no requiere que los elabore el contador que haya preparado y firmado los estados financieros

(Consejo Técnico de la Contaduría Pública, Concepto 300, 03/30/2017 )

De acuerdo con lo previsto en la Resolución 112 del 2015, modificada por la Resolución 84 del 2016, y el Decreto 2105 del 2016, modificado por el Decreto 220 del 2017, la preparación de los medios magnéticos y la declaración de renta es una actividad que se realiza de acuerdo con los parámetros requeridos por la normativa fiscal y no tiene como requisito previo su elaboración por el contador que haya preparado y firmado los estados financieros. Por lo tanto, señaló el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, la responsabilidad de la elaboración de los medios magnéticos y la declaración de renta es de quien en el contrato de trabajo o en el manual de funciones de la entidad se exprese, es decir, si alguno de estos dos establece la obligación de elaboración a quien asuma el cargo de contador, la persona contratada estaría sujeta a dicha disposición.

 

Responsables del régimen común no son agentes retenedores del IVA en la adquisición de bienes y servicios gravados

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(Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Concepto 426 (5423), 03/14/2017 )

El numeral 4º del artículo 437-2 del Estatuto Tributario fue derogado de manera expresa por el numeral 1 del artículo 376 de la Ley 1819 del 2016. Por lo tanto, ya no se consideran como agentes retenedores del IVA en la adquisición de bienes y servicios gravados los responsables del régimen común, dentro de los cuales están los grandes contribuyentes cuando adquieren bienes corporales muebles o servicios gravados con el IVA a personas que pertenezcan al régimen simplificado, por lo que ya no hay lugar a asumir dicha retención, indicó la Dian. El numeral 2º de la primera disposición mencionada señala que quienes estén catalogados como grandes contribuyentes, sean o no responsables del IVA, y los que mediante resolución sean designados como agentes de retención en el IVA son agentes de retención en la fuente del IVA cuando adquieran bienes corporales muebles o servicios gravados a personas que pertenezcan al régimen común, responsabilidad que está vigente.

 

Nuevo plazo para que contribuyentes que opten por el monotributo se inscriban en el RUT

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(Minhacienda, Decreto 975, 06/09/2017 )

Para el año gravable 2017 se establece como nuevo plazo el 31 de agosto del 2017, para que los contribuyentes que opten por el monotributo puedan inscribirse en el Registro Único Tributario (RUT). Así lo definió el Ministerio de Hacienda al modificar el Decreto 738 del 2017. La fecha inicialmente prevista para cumplir con dicho trámite era el 31 de mayo. Es válido recordar que con el Decreto 738 el Gobierno definió los lineamientos para que las personas naturales se inscriban en calidad de contribuyentes del monotributo, impuesto opcional creado con la Ley 1819 del 2016 (reforma tributaria estructural) y que sustituye el impuesto sobre la renta y complementarios.

 

Revisor fiscal puede ser vinculado por contrato laboral o por prestación de servicios

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(Supersociedades, Concepto 220-101042, 05/18/2017 )

La ley no establece una manera predeterminada a través de la cual las sociedades deban vincular a los revisores fiscales, por lo que puede hacerse indistintamente y según convenga a ambas partes, bien a través de un contrato laboral o de manera independiente por prestación de servicios, donde a ellos les correspondería el pago de la seguridad social. En efecto, indicó la Superintendencia de Sociedades, la normativa que trata sobre ese órgano dispone que el revisor fiscal estará bajo la dependencia de la asamblea o junta de socios y podrá tener colaboradores o auxiliares nombrados y removidos libremente por él, con la remuneración que fije el máximo órgano social. Así las cosas, toda vinculación del revisor fiscal con la sociedad no lo convierte necesariamente en empleado de la misma, ya que puede prestar sus servicios de manera independiente, lo que no obsta para que, en el marco de la Ley 50 de 1990, pueda existir un contrato laboral, con todos los derechos que prevé el Código Sustantivo del Trabajo.

 

Conozca los artículos de la reforma tributaria estructural que podrían salir del ordenamiento jurídico

(Corte Constitucional, Demanda D-12128, D-12019 y D-12030, 04/27/2017 )

Tres demandas de inconstitucionalidad en contra de la Ley 1819 del 2016 (reforma tributaria estructural) fueron admitidas, recientemente, por la Corte Constitucional. La primera de ellas pretende la inexequibilidad del artículo 185 (parcial), en el que se instituyen los bienes gravados con la tarifa del 5 %, por infringir, presuntamente, el derecho a la igualdad, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como el principio de equidad tributaria. Para el demandante, el hecho de que la disposición haya reducido el IVA a las toallas higiénicas y tampones resulta discriminatorio, porque introduce un trato desigual por el solo hecho de ser mujer. La segunda, por su parte, ataca los artículos 6° y 7°, que incorporaron el nuevo impuesto para dividendos o participaciones, pues, según el ciudadano, se vulneran los principios de equidad tributaria, progresividad e igualdad. Tres cargos sustentan la solicitud de exclusión: la infracción al fin esencial del Estado de asegurar la vigencia de un orden justo, la generación de una doble tributación sobre una misma capacidad contributiva y un mismo hecho económico y, finalmente, la consagración de una tarifa diferente para las personas naturales no residentes y sociedades extranjeras frente a la señalada para las personas naturales residentes. Por último, la tercera demanda busca la declaración de inconstitucionalidad del parágrafo 3° del artículo 100, en el cual se enlistan las reglas que deben seguir las personas jurídicas contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que hayan accedido a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 1819 al tratamiento previsto en la Ley 1429 del 2010. El texto de la petición expone que ese aparte contraría el artículo 58, 95 y 363 superiores, considerando que modifica sustancialmente la tarifa preferencial respecto de todos los contribuyentes beneficiarios del pago progresivo del impuesto y sus efectos se extienden a situaciones que se habían consolidado bajo la vigencia de una norma anterior.