Así explica Minambiente la simplificación de trámites para la certificación de exclusión de IVA

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(Minambiente, Comunicado, 10/17/2017 )

El Ministerio de Ambiente definió mecanismos mucho más expeditos para acortar los tiempos de respuesta al momento de solicitar y acceder a la certificación de exclusión de IVA para los equipos, elementos o maquinaria utilizados en los procesos que se acojan al cumplimiento de las metas nacionales en materia de eficiencia energética. La certificación, que se tramita ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), está relacionada con la expedición de las resoluciones 1988 y 2000 del 2017, que reglamentan la exclusión del IVA, previo concepto emitido por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME). Dentro de las ventajas del nuevo procedimiento está que el proceso para la evaluación y expedición de la certificación ambiental con beneficios tributarios ahora se podrá radicar en línea en la ventanilla integral de trámites ambientales (Vital) y el tiempo de respuesta se disminuirá de cuatro meses y medio a tres meses. Así mismo, en aras de evitar la tramitología, no se solicitarán copias de las autorizaciones ambientales vigentes. Si bien estos incentivos ya existían, con la expedición de la última reforma tributaria y la reglamentación se amplían los beneficios ambientales y tributarios a otros sectores como el terciario y residencial, así como a otras acciones y medidas de ahorro y/o eficiencia energética que se apliquen, entre ellas, mejores sistemas de iluminación, alumbrado público, distritos térmicos, vehículos que permitan reducir las emisiones de contaminación y adecuación arquitectónica de edificaciones, entre otras.

 

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Entidades públicas deben expedir factura

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La expedición de factura o documento equivalente es una obligación fiscal, independientemente de la naturaleza jurídica de una entidad, es decir, si es pública o privada, o de su calidad de contribuyente o no, indicó la Dian. Adicionalmente, la normativa sobre la materia señala explícitamente los casos en los cuales no se requiere expedir factura, sin que entre ellos estén las entidades públicas, por lo que la obligación fiscal, por extensión, les resulta aplicable, agregó. De otra parte, señaló, el parágrafo transitorio del artículo 308 de la Ley 1819 del 2016 dispuso que los obligados a facturar que adicionalmente sean responsables del impuesto sobre las ventas deben expedir factura electrónica a partir del 1 de enero del 2019.

 

Precisan tarifa de IVA para contratos celebrados con entidades públicas antes de entrar en vigencia la Ley 1819

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Los contratos celebrados con entidades públicas se rigen por la fecha de su resolución o acto de adjudicación o suscripción, por lo que es válido afirmar que todo contrato estatal, sin importar su régimen de contratación, celebrado previamente a la entrada en vigencia de la Ley 1819 del 2016, seguirá ejecutándose ceñido a la tarifa del 16 % de impuesto sobre las ventas, a menos que el mismo sea objeto de adición, entendiendo la misma como el incremento del valor inicialmente pactado en el contrato, caso en el cual se someterá a la normativa vigente a la fecha de celebración de la adición, precisó la Dian. Así mismo, aclaró que la disposición mencionada aplica a todos los contratos celebrados con entidades públicas, sin importar su régimen de contratación y las normas presupuestales que lo regulen.

 

Uiaf y Dian firman pacto contra los delitos fiscales y el lavado de activos

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(Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Comunicado, 10/11/2017 )

La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) firmaron un Convenio de intercambio de información contra la evasión tributaria, el contrabando y el lavado de activos. El director de la Uiaf, Juan Francisco Espinosa, recordó, además, que la omisión de activos, la inclusión de pasivos inexistentes, el no cobro, recaudo y pago del IVA e impuesto al consumo fueron incluidos en el año 2016 dentro del listado de delitos fuente del lavado de activos. El pacto permitirá reforzar las acciones de la Uiaf y de la Dian para detectar y combatir el contrabando, gracias a una novedosa autopista de información que conectará a las dos entidades en tiempo real. Esta herramienta tecnológica servirá para fortalecer la inteligencia financiera de la unidad de información y, a la vez, contribuir a las acciones de fiscalización ejecutadas por la Dian. Se trata de tecnología de punta que incorpora técnicas de big data para mejorar los tiempos de respuesta de las dos entidades y acrecentar los resultados efectivos en la lucha contra los delitos financieros.

 

Modifican el referente teórico y metodológico de la regulación contable pública

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(Contraloría General de la República, Resolución 456, 10/03/2017 )

La Contaduría General de la Nación (CGN) identificó la necesidad de incorporar al Régimen de Contabilidad Pública un marco normativo que sea aplicable a las entidades sobre las cuales exista un acto que ordene su supresión o disolución con fines de liquidación, considerando que no les es aplicable el principio de entidad o negocio en marcha, dado que se espera que en virtud del mandato de liquidación en el futuro previsible dejen de desarrollar sus funciones de cometido estatal. Así, la CGN modificó el referente teórico y metodológico de la regulación contable pública con el fin de incluir a las entidades en liquidación dentro de la caracterización del entorno de sector público colombiano y de incorporar el marco normativo para dichas entidades.

 

Antes del 31 de octubre debe realizarse la categorización de entidades territoriales

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(Contaduría General de la Nación, Circular externa 003, 10/06/2017 )

La Contaduría General de la Nación instó a gobernadores y alcaldes para que en los términos previstos en la normativa y en los parámetros establecidos en las leyes 617 del 2000 y 1551 del 2012 procedan a la emisión de los actos administrativos correspondientes con el fin de que la categorización respectiva se realice a tiempo. La entidad recuerda la categorización establecida para los departamentos según su población e ingresos corrientes de libre destinación (especial, primera, segunda, tercera y cuarta). También recalcó que los distritos y municipios se agruparán atendiendo su población, ingresos corrientes de libre destinación, importancia económica y situación geográfica (especial, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta). Advirtió que si los gobernadores y alcaldes no expiden los decretos sobre categorización de departamentos, municipios y distritos antes del próximo 31 de octubre esta será definida por el Contador General en el mes de noviembre.

 

Habría incentivos para atraer inversión extranjera de mayor impacto

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(Mincomercio, Comunicado, 10/11/2017 )

El Ministerio de Comercio reveló que Colombia trabaja en el diseño de incentivos “a la medida de los empresarios” para atraer más inversión extranjera de alto impacto que permita generar encadenamientos productivos, incrementar las exportaciones y aumentar la transferencia de conocimientos y tecnología. Los estímulos incluirían subsidios a la generación de empleo en determinadas actividades o sectores, crear premios a la transformación tecnológica y a la exportación acompañados de créditos blandos, incentivos regulatorios específicos para determinados sectores. También se anunció que el ministerio, de la mano de Procolombia y del Departamento Nacional de Planeación, está revisando los instrumentos vigentes para atraer y retener inversión de alto impacto, evaluando los costos y beneficios frente a otros países.