Responsables del régimen común no son agentes retenedores del IVA en la adquisición de bienes y servicios gravados

dian
(Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Concepto 426 (5423), 03/14/2017 )

El numeral 4º del artículo 437-2 del Estatuto Tributario fue derogado de manera expresa por el numeral 1 del artículo 376 de la Ley 1819 del 2016. Por lo tanto, ya no se consideran como agentes retenedores del IVA en la adquisición de bienes y servicios gravados los responsables del régimen común, dentro de los cuales están los grandes contribuyentes cuando adquieren bienes corporales muebles o servicios gravados con el IVA a personas que pertenezcan al régimen simplificado, por lo que ya no hay lugar a asumir dicha retención, indicó la Dian. El numeral 2º de la primera disposición mencionada señala que quienes estén catalogados como grandes contribuyentes, sean o no responsables del IVA, y los que mediante resolución sean designados como agentes de retención en el IVA son agentes de retención en la fuente del IVA cuando adquieran bienes corporales muebles o servicios gravados a personas que pertenezcan al régimen común, responsabilidad que está vigente.

 

Nuevo plazo para que contribuyentes que opten por el monotributo se inscriban en el RUT

minhacienda
(Minhacienda, Decreto 975, 06/09/2017 )

Para el año gravable 2017 se establece como nuevo plazo el 31 de agosto del 2017, para que los contribuyentes que opten por el monotributo puedan inscribirse en el Registro Único Tributario (RUT). Así lo definió el Ministerio de Hacienda al modificar el Decreto 738 del 2017. La fecha inicialmente prevista para cumplir con dicho trámite era el 31 de mayo. Es válido recordar que con el Decreto 738 el Gobierno definió los lineamientos para que las personas naturales se inscriban en calidad de contribuyentes del monotributo, impuesto opcional creado con la Ley 1819 del 2016 (reforma tributaria estructural) y que sustituye el impuesto sobre la renta y complementarios.

 

Conozca los artículos de la reforma tributaria estructural que podrían salir del ordenamiento jurídico

(Corte Constitucional, Demanda D-12128, D-12019 y D-12030, 04/27/2017 )

Tres demandas de inconstitucionalidad en contra de la Ley 1819 del 2016 (reforma tributaria estructural) fueron admitidas, recientemente, por la Corte Constitucional. La primera de ellas pretende la inexequibilidad del artículo 185 (parcial), en el que se instituyen los bienes gravados con la tarifa del 5 %, por infringir, presuntamente, el derecho a la igualdad, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como el principio de equidad tributaria. Para el demandante, el hecho de que la disposición haya reducido el IVA a las toallas higiénicas y tampones resulta discriminatorio, porque introduce un trato desigual por el solo hecho de ser mujer. La segunda, por su parte, ataca los artículos 6° y 7°, que incorporaron el nuevo impuesto para dividendos o participaciones, pues, según el ciudadano, se vulneran los principios de equidad tributaria, progresividad e igualdad. Tres cargos sustentan la solicitud de exclusión: la infracción al fin esencial del Estado de asegurar la vigencia de un orden justo, la generación de una doble tributación sobre una misma capacidad contributiva y un mismo hecho económico y, finalmente, la consagración de una tarifa diferente para las personas naturales no residentes y sociedades extranjeras frente a la señalada para las personas naturales residentes. Por último, la tercera demanda busca la declaración de inconstitucionalidad del parágrafo 3° del artículo 100, en el cual se enlistan las reglas que deben seguir las personas jurídicas contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que hayan accedido a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 1819 al tratamiento previsto en la Ley 1429 del 2010. El texto de la petición expone que ese aparte contraría el artículo 58, 95 y 363 superiores, considerando que modifica sustancialmente la tarifa preferencial respecto de todos los contribuyentes beneficiarios del pago progresivo del impuesto y sus efectos se extienden a situaciones que se habían consolidado bajo la vigencia de una norma anterior.

 

En abril del 2017, tasa de desempleo se ubicó en 8,9 %  

(Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Informe – 5/31/2017)
El desempleo en abril bajó a 8,9 %, la tasa más baja desde que existen cifras comparables, y se crearon 489.000 puestos de trabajo, reportó hoy el Dane. La entidad destacó la generación de empleo en los centros poblados, en las cabeceras municipales diferentes a las ciudades capitales y sus áreas metropolitanas. Según el informe, las ciudades con tasas de desempleo más altas en el trimestre febrero – abril del 2017 fueron Quibdó (18,2 %), Cúcuta y su área metropolitana (16,7 %) y Armenia (14,7 %).

>Origen: Notas Contador « Apuntes de actualidad para tener en Cuenta

Dian hace precisiones sobre anulación de certificados de origen

dian
(Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Comunicado – 5/24/2017)
La Dian informó que las solicitudes de anulación de certificados de origen únicamente proceden por pérdida y por no utilización. Estas deberán ser presentadas y atendidas en la dirección seccional donde fue expedido el certificado de origen. En cuanto a los requisitos, la entidad recordó que en físico se debe presentar la solicitud de anulación del certificado en Formato FT-OA-2293, diligenciado y firmado, adjuntando la documentación; en digital se debe presentar la solicitud de anulación por correo electrónico en el buzón designado por el área competente y adjuntar el formato. Así mismo, agregó que cuando el certificado se haya utilizado (presentado en destino) no procede la anulación. Finalmente, informó que el formato se encuentra en el siguiente link.

Atacan apartes de norma sobre deducción por depreciación del impuesto de renta y complementarios

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(Corte Constitucional, Demanda D-11988 – 3/29/2017)
Por presunta vulneración del deber de contribuir con el financiamiento de los gastos e inversiones del Estado, de la administración de justicia como función pública y los principios del sistema tributario, consagrados en los artículos 95 (numeral 9°), 228 y 363 de la Constitución Política, respectivamente, demandaron la expresión “los obligados a llevar contabilidad”, incluida en el artículo 77 de la Reforma Tributaria Estructural, que indica la deducción por depreciación aplicada al impuesto sobre la renta y complementarios. Según los accionantes, la expresión desconoce la deducción por depreciación para los sujetos pasivos (personas naturales) de este tributo no obligados a llevar contabilidad, frente al mismo contribuyente que por disposiciones legales tenga el deber formal de llevar contabilidad. Así mismo, afirmaron que vulnera la Constitución al no medir la capacidad contributiva del mismo sujeto pasivo de forma ascendente, dado que el simple formalismo de llevar o no la contabilidad no constituye criterio justo, razonable y objetico que permita arraigar diferencias en la generación de rentas de esta clase. Igualmente, aseguraron que la norma no va acorde con la finalidad perseguida por la reforma, toda vez que lo pretendido por el legislador era eliminar las exenciones en materia tributaria para las personas naturales, indiferente de que tuviesen el deber o no de llevar contabilidad.