NIIF en las empresas de servicios públicos

 

Foto: Pixabay.

La mayoría de países a nivel mundial están cumpliendo con las Normas Internacionales de Información Financiera. Por su parte Colombia, a pesar de haber optado por aplicarlas desde el año 2009 con la promulgación en de la ley 1314 hasta el año 2012, inició el proceso de implementación con el grupo 1 y termina en el 2017 con el grupo 3.

¿Cómo se relacionan las NIFF con las empresas de servicios públicos domicilarios? Al respecto, la Superintendencia del ramo aclara:

“Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), también conocidas por sus siglas en inglés como IFRS (International Financial Reporting Standard) son guías contables adoptadas por el IASB (Junta de Normas Internacionales de Contabilidad por sus siglas en inglés) institución privada con sede en Londres para la estandarización de los procedimientos contables.

Estas pautas constituyen los patrones internacionales para el desarrollo de la actividad contable en todo el mundo.  Estos lineamientos corresponden a un conjunto único de criterios legalmente exigibles y globalmente aceptados y comprendidos. La alta calidad en que se basan les dan principios de articulación clara, requeridos por los estados financieros, para la comprensión de la información que contengan haciéndolas comparable, transparente y de alta rigurosidad, a poyando a inversionistas y  usuarios a tomar decisiones económicas.”

En Colombia, la ley 1314 de 2009 y sus decretos reglamentarios regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información, a partir de la cual se establece la convergencia a NIIF.

La incidencia y repercusiones de toda esta aplicación de NIIF en los prestadores de servicios públicos, como agua, luz, gas, telefonía, entre otros, que llegan al domicilio y están regulado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios trae la aplicación de Medición y Reconocimiento, expresando en las políticas contables unas reglas claras de aplicación a nivel mundial.

Esto significa que, en adelante, la presentación de estados financieros va a ser conforme a la medición y valoración a nivel mundial, lo que les brinda una seguridad absoluta a los usuarios de los estados financieros sobre los hechos económicos reflejados en los mismos.

Solo deben entenderse beneficios en la aplicación de la regulación vigente en materia de presentación de estados financieros, dado que la medición y reconocimiento de los activos, pasivos, ingresos y costos se hacen con los mismos conceptos aplicados en otros países. Así se van a reflejar operaciones similares de cualquier país con una medición igual.

La carta de navegación relacionada con la aplicación de NIIF para el sector de servicios está enmarcada dentro de la Circular Externa N° 20151000000084 sobre requerimientos de información financiera para la vigencia 2016 de los prestadores de servicios públicos domiciliarios.

Independencia y autonomía de las normas de contabilidad crea la necesidad de realizar conciliaciones

ConsecoTecnicoContaduria
(Consejo Técnico de la Contaduría Pública, Concepto 477, 05/30/2017 )

Todas las personas naturales o jurídicas pertenecientes al sector privado y que estén obligadas a llevar contabilidad o que la necesiten como medio de prueba deben aplicar lo previsto en la Ley 1314 del 2009 y sus decretos reglamentarios. Para ello, recordó el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, cada entidad debe elegir el grupo al cual pertenece, según características e independientemente de que se trate de una entidad con o sin ánimo de lucro, y aplicar e implementar uno de los tres marcos técnicos normativoscontenidos en el  Decreto 2420 del 2015 y sus modificaciones, es decir, completas (grupo 1), pymes (grupo 2) y microempresas (grupo 3). De otra parte, aclaró, existe independencia y autonomía de las normas de contabilidad e información financiera frente a las tributarias, por lo que deben realizarse las conciliaciones necesarias.

 

Así informa Supersociedades sobre novedades regulatorias

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(Supersociedades, Documento, 07/11/2017 )

La Delegatura de Asuntos Económicos y Contables de la Superintendencia de Sociedades publicó una recopilación de las novedades normativas más relevantes en el boletín informativo contable. En esta edición el documento incluye decretos sobre Normas de Información Financiera para entidades que no cumplen la hipótesis de negocio en marcha (HNM), el modelo de informe del revisor fiscal con ISAE sugerido por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública para entidades del grupo 1 y las grandes del grupo 2 y los nuevos decretos en desarrollo de la Ley 1314 del 2009. El capítulo final recopila algunos de los conceptos contables de la entidad emitidos sobre aspectos como la consolidación de información de matrices fuera del país, el cálculo actuarial y la corrección de errores y cambio de políticas bajo los nuevos marcos técnicos normativos, entre otros. Por último, la entidad precisa que el documento tiene una finalidad estrictamente informativa y no incluye ninguna opinión de la Supersociedades sobre las normas o sugerencias de otros organismos públicos o privados.

 

No participar en la conversión a los nuevos marcos contables no exime al contador de conocer la normativa

ConsecoTecnicoContaduria
(Consejo Técnico de la Contaduría Pública, Concepto 398, 05/02/2017 )

La no participación directa del contador en el proceso de conversión a los nuevos marcos técnicos no exime al profesional de conocer la nueva normativa ni de responder por la obligación de certificar los estados financieros, mientras sea el contador de la entidad, precisó el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Aunque los derechos y obligaciones del contador con la empresa terminan en la fecha en que finaliza el vínculo laboral, es obligación suya dejar resueltos todos los aspectos relacionados con su ejercicio profesional hasta esa fecha. Por lo tanto, es necesario evaluar las circunstancias en las que se produjo el retiro, considerando diferentes posibilidades: si fue durante el año de transición, si fue durante el año de aplicación o si fue después de este último.

 

EL PROBLEMA DEL CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS ESPERADAS

“LA CRISIS BANCARIA HABÍA DEMOSTRADO AMPLIAMENTE QUE EL CRITERIO PÉRDIDAS INCURRIDAS PROVISIONABA POCO Y TARDE. ASÍ QUE, TRAS LARGA DISCUSIÓN Y ALGÚN ARRASTRE DE PIES, IASB RECONOCIÓ LA COBERTURA DE LAS PÉRDIDAS ESPERADAS (ECL) EN SU IFRS 9 (JUNIO DE 2014), Y FASB LO HIZO DOS AÑOS MÁS TARDE. SE CERRÓ ASÍ A NIVEL CONCEPTUAL EL CONTENCIOSO ENTRE CONTABLES Y SUPERVISORES. PERO INMEDIATAMENTE SE ABRIÓ EL TURNO DE LAS DISCREPANCIAS PRÁCTICAS Y DE LOS PROBLEMAS DE APLICACIÓN, TURNO AÚN NO CERRADO. LO PENDIENTE NO ES UN TEMA MENOR PARA LOS BANCOS”.

En 2009 el Consejo de Estabilidad Financiera y el todopoderoso G20 apuntaron a los creadores de estándares contables americano y europeo, el FASB y el IASB, la conveniencia de no circunscribir las provisiones por riesgo de crédito a las operaciones con muestras objetivas de deterioro (el criterio ‘pérdidas incurridas’), proponiendo el criterio ‘pérdidas esperadas’ (ECL por sus siglas inglesas), que alcanza a las que presumiblemente –estadísticamente- producirá en el futuro una cartera ahora en situación normal.

El Comité de Supervisores Bancarios de Basilea ya lo había introducido en sus métodos avanzados de Basilea II (2004). Los propios contables tenían en curso una revisión de su modelo, por las complicaciones de su aplicación, con muchas versiones locales diferentes. Pero argumentaban que los objetivos prudenciales, por estimables que fuesen, no eran asunto suyo, y que las provisiones estadísticas olían a manipulación de resultados.

Pero quien podía hacerlo les había dicho que los objetivos prudenciales y los movimientos cíclicos también importan y, sobre todo, que ECL proporcionaría una información más útil al usuario de estados financieros. La crisis bancaria había demostrado ampliamente que el criterio pérdidas incurridas provisionaba poco y tarde, frase repetida hasta la saciedad y que además, a diferencia de muchos lugares comunes, es verdad. Así que tras larga discusión y algún arrastre de pies, IASB reconoció la cobertura de las pérdidas esperadas en su IFRS 9 (junio de 2014), y FASB lo hizo dos años más tarde.

Se cerró así a nivel conceptual el contencioso entre contables y supervisores. De ello me congratulé en su momento (CONSEJEROS, diciembre de 2014). Pero inmediatamente se abrió el turno de las discrepancias prácticas y de los problemas de aplicación, turno aún no cerrado. Lo pendiente no es un tema menor para los bancos.

1. De contables y supervisores

En el capítulo de discrepancias, surgieron las habituales diferencias inconciliables entre las dos sectas contables. Luego veremos otras entre los contables y los supervisores. FASB exige que se calculen las pérdidas esperables durante toda la vida de la operación. IASB lo acepta para los créditos perjudicados y para aquellos en los que se haya producido un incremento significativo del riesgo después de originada la operación, una categoría más fácil de enunciar en el papel que de concretar en la práctica. Pero para los créditos en situación normal el cálculo de ECL solo tendrá en cuenta los siniestros crediticios esperables en los siguientes doce meses. Obviamente, las provisiones resultantes serán mayores con el criterio FASB, especialmente en las operaciones a largo plazo, como las hipotecarias que tanto pesan en las carteras bancarias. La diferencia es importante. Además da gran relevancia a la recalificación de operaciones de normales a de riesgo agravado, paso que por desgracia depende de muchos factores opinables.

Por otra parte, FASB solo contabiliza los intereses realmente cobrados en los créditos perjudicados (criterio de caja). En cambio IASB impone el criterio del devengo, una opción optimista dada la elevada probabilidad de que los intereses contractuales no lleguen a cobrarse; por eso el BCE, en una guía a ‘sus’ bancos, pide que informen además de los intereses con criterio de caja. Los dos foros contables tampoco lograron coordinar sus fechas de entrada en vigor (2018 para IFRS 9, 2020 –empresas cotizadas- y 2021 –las demás- para el estándar FASB), una discrepancia menor en comparación con las otras, y que el calendario resolverá.

Las diferencias entre FASB e IASB son malas para las comparaciones internacionales, y alargan la lista de motivos que obligan a los grandes grupos bancarios a presentar diferentes contabilidades en las diferentes jurisdicciones en que operan.

La gran cuestión, que ocupa el resto del artículo, es cómo calcular ECL. Centrémonos en IFRS 9, ya que los estándares de IASB se incorporan poco menos que de oficio a la normativa contable comunitaria (esta lo fue mediante un reglamento el pasado noviembre), y por tanto a la española.

IFRS 9 está redactado en términos de principios, no de reglas. No impone unos métodos concretos de cálculo de las pérdidas esperadas. Los acepta todos. Sus principios plantean pocas concreciones o restricciones a la actuación de los contables. Y cuando lo hace trata de ser neutral, esto es, no decantarse del lado de la severidad (de la prudencia valorativa que gusta a los supervisores y que fue principio contable durante el siglo XX). Veamos algún ejemplo de esa neutralidad.

Los dos componentes de las pérdidas esperadas, la probabilidad de impago (PD), y la pérdida experimentada una vez producido el impago (LGD), pueden calcularse con los datos de diferentes escenarios coyunturales: el actual, sea cual sea, o un escenario ‘medio’ que comprenda un ciclo económico completo, o un escenario arbitrariamente desfavorable, o incluso el peor escenario conocido en la historia reciente… IFRS 9 pide que el cálculo se haga según la situación imperante en el momento de la formulación de los estados financieros, y rechaza expresamente los escenarios optimista y pesimista. Es la opción neutral, pero tiende a producir movimientos procíclicos: pocas provisiones en los años buenos, más en los malos (aunque en ambos casos superiores a las que daría el criterio pérdidas incurridas).

Por eso los supervisores se decantaron por aplicar un escenario que considere un ciclo completo para PD, y un escenario adverso (‘downturn’) para LGD. Aunque, algo paradójicamente desde el punto de vista prudencial, optaran, como luego el IASB, por el menos severo horizonte de doce meses. (Al parecer IASB eligió la convención doce meses, difícil de justificar objetivamente, por la comodidad técnica de converger con esta faceta de la regulación supervisora; otra razón menos confesable pudo ser reducir la carga impuesta por el nuevo criterio).

2. Información y pérdidas esperadas

El Comité de Basilea reconoce esas diferencias y no las objeta, dadas las diferentes finalidades de las regulaciones prudencial y contable. Aunque hay otras diferencias (en la definición de morosidad, donde IFRS 9 es más elástico, en la composición de las pérdidas) en las que no estaría de más, ni debería ser imposible, un acercamiento de posturas.

IRFS 9 tampoco es picajoso en cuanto a las fuentes de información con las que construir las pérdidas esperadas: le basta la disponible “sin esfuerzos o costes indebidos”. Preferiría la de propia cosecha, si la hay y es fiable, pero no hace ascos a la información externa que resulte razonablemente relevante; digamos, datos compilados por la industria bancaria, o por las centrales de riesgos, o incluso la información procedente de las denostadas agencias de calificación, cuyos potentes bancos de datos parece que pueden producir PD para casi todo. También en este capítulo los supervisores resultan más rigurosos en sus exigencias iniciales… aunque a veces terminen claudicando ante la realidad de los hechos.

El ‘enfoque principios’ permite una aplicación muy general del estándar, que sirve para situaciones presentes y futuras, lo cual se considera importante en un mundo financiero en constante innovación. En cambio un ‘enfoque reglas’ precisaría de un libro de instrucciones enormemente detallista (mucho más extenso que IFRS 9, que no es precisamente un texto breve) y sometido continuamente a una puesta al día condenada a llegar siempre con retraso.

Pero la flexibilidad tiene un precio: siembra dudas sobre cómo tratar los problemas concretos que se vayan planteando y que pueden tener soluciones múltiples. Algunos contables las resolverán preguntando a sus auditores. De hecho las primeras aproximaciones de las grandes casas auditoras a IFRS 9 están plagadas de interpretaciones u opiniones sobre cuestiones puntuales en las que el texto puede ser inconcreto o ambiguo. En ese sentido habrá finalmente reglas, que serán las soluciones aceptadas por los auditores. Otras entidades que tengan suficiente tamaño y capacidad técnica compararán los resultados de métodos alternativos, y optarán humanamente por el más cómodo para su cuenta de resultados. Porque hay un problema: el enfoque principios quiere ser neutral en sus consecuencias, pero las diversas opciones compatibles con los principios no lo son.

Esta problemática de aplicación ya se la planteó Basilea al diseñar sus métodos avanzados de cálculo del coeficiente de solvencia. Nótese la similitud entre algunas tareas a resolver en los dos ámbitos. El llamado método IRB de Basilea II obliga a calcular pérdidas esperadas. Su regla de oro es que hay que cubrir las pérdidas inesperadas con capital, y ECL con provisiones. Si hay más provisiones que ECL, el exceso de provisiones, una parte de él en realidad, puede computarse como capital. Si hay menos, el déficit de provisiones ha de cubrirse con más capital.

En todo caso hay que calcular unas ECL, aunque como hemos visto no sean las contables. Con ese buen punto de partida los bancos IRB no deberían tener problemas mayores para atender IFRS 9. Dispondrán de la información base, de la experiencia en materia de previsión coyuntural, y de la tecnología de cálculo, y no será complicado pasar del cálculo para perspectivas estresadas al cálculo para perspectivas normales, de consenso.

Perfecto, pues, para los bancos IRB. Pero Basilea fue muy consciente de las dificultades de recogida de los datos necesarios para calcular los componentes de ECL; esas dificultades afectan más a unos bancos que a otros, y son mayores, y con menos soluciones alternativas, para LGD que para PD. Comprendió que muchos bancos serán incapaces de calcular esos parámetros, que otros podrán calcular PD pero no LGD, y que solo algunos podrán calcularlo todo.

Para los primeros, una legión compuesta por la gran mayoría de los bancos del mundo, diseñó un método alternativo, el método estándar, que usa unas medidas del riesgo convencionales proporcionadas por la normativa; es responsabilidad del regulador calibrarlas para mantener una comparabilidad suficiente con el método IRB (no siempre se ha logrado). Los segundos utilizan el método avanzado, pero aplican, junto a los PD de cosecha propia, unos parámetros LGD convencionales. Finalmente, el tercer grupo utiliza sus propios PD y LGD. Los bancos IRB son relativamente pocos en número, pero incluyen a los más grandes, que gestionan tres cuartas partes o más del negocio bancario mundial. Basilea admite mezclas, cuando un banco puede calcular PD o LGD para unos segmentos de la cartera pero no para otros.

Por otra parte Basilea sabía que la libertad de elección de modelos de solvencia produciría soluciones demasiado complacientes; ya tenía experiencia de ello, derivada de su tratamiento del riesgo de mercado con modelos internos desde 1996. Así que también restringió los modelos aplicables, y sometió a sus usuarios potenciales a una serie de exámenes previos y de pruebas de reválida. Quienes no los aprobaran aplicarían el método estándar. En 2005 el Comité de Basilea creía en el progreso: los bancos irían evolucionando irreversiblemente hacia un uso cada vez más extenso del método IRB. En la actualidad ha perdido aquella fe de novicio, en parte por el mal uso que han hecho los bancos de los métodos avanzados, y propone volver al método estándar para ciertos segmentos de la cartera, o utilizar sus resultados como suelo de los métodos avanzados que frene manipulaciones interesadas.

3. Corruptelas y prácticas bancarias

Esa experiencia de los planteamientos prudenciales debería tenerse muy presente en los planteamientos contables, porque las dificultades y las corruptelas surgidas en aquellos se van a repetir en éstos.

El Comité de Basilea se apresuró a acoger el cambio del criterio contable en una de sus guías sobre sanas prácticas bancarias (2015). Esa guía proporciona principios útiles en materia de responsabilidad corporativa y en una serie de cuestiones formales. Pero no ataca el tema de la indefinición de los métodos de cálculo de ECL. Abunda en apelaciones bienintencionadas a la robustez y consistencia de los métodos y al uso de instrumentos adecuados o apropiados, pero no los concreta. Además es obvio que sus destinatarios son principalmente los bancos capaces de utilizar métodos avanzados.

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¿Por qué una auditoría externa agrega valor?

OPINIÓN

PULSO 12/07/2017

Por José Monsalve. El hecho de que la mayoría de los dictámenes sean “opiniones limpias” obedece a que las compañías registran los ajustes exigidos por los auditores y reguladores.

El valor agregado de una auditoría externa es contribuir a la confianza en los estados financieros de uso público (EEFF) de una compañía. La afirmación anterior se sustenta en que agrega objetividad de juicio, es decir, la visión independiente de un tercero, ejercida con imparcialidad y escepticismo profesional, la que busca proveer -además de lo anterior- seguridad razonable respecto de dos temas clave en la medición de resultados de la gestión de una compañía: (1) lo apropiado de las políticas y criterios contables relevantes utilizados en la confección de sus EEFF; (2) la razonabilidad de las estimaciones contables significativas efectuadas por la compañía, por ejemplo, provisiones, vidas útiles, valores justos, deterioro y otras, donde se utiliza juicio y son números blandos y no duros, como el saldo en bancos.

Los protocolos o normas de auditoría aplicables a una auditoría externa de EEFF también consideran evaluar el llevar a cabo procedimientos o pruebas selectivas cuya naturaleza, oportunidad y alcance dependen del juicio profesional del auditor, buscando disponer de evidencia suficiente y apropiada sobre los montos y revelaciones de los EEFF -que no existan errores importantes involuntarios o intencionales-, es decir, que las aseveraciones implícitas contenidas en los mismos sean válidas: existencia, propiedad, valorización, corte, derechos y obligaciones, revelaciones.

Al finalizar su auditoría el auditor dispone de cuatro opciones de dictamen sobre los EEFF tomados en su conjunto: opinión con salvedades; opinión adversa; abstención de opinión, y opinión limpia si está convencido de que la situación financiera, resultados, flujos de caja y revelaciones contenidas en los EEFF a ser usados por accionistas, inversionistas y otros stakeholders están bien representados conforme a IFRS. El hecho de que la mayoría de los dictámenes sean “opiniones limpias” obedece a que las compañías registran los ajustes exigidos por los auditores y, también, a que los reguladores tampoco están aceptando EEFF con desviaciones de los IFRS.

La confianza en miles de EEFF de compañías que operan en un mercado de capitales global -cuya preparación y responsabilidad recae en gerentes generales y directores generalmente desconocidos para los distintos stakeholders y minoritarios que no administran- no sería la misma si estos sólo representaran el mejor leal saber de cada compañía y no existieren auditores externos que suscriban, tanto como empresa auditora como bajo la firma personal de uno de sus socios, su dictamen u opinión sobre la razonabilidad de su contenido; es decir, que arriesguen desde sanciones civiles como multas con impacto en su carrera profesional, reputación y pérdida de clientes en caso de negligencias, hasta sanciones penales de cárcel e incluso de licencia para operar como auditora en caso de llegar a probarse una actuación dolosa. Auditar EEFF nunca ha sido trivial ni carente de responsabilidades.

*El autor es presidente Asociación de Auditores Externos A.G.