Anticipos a los socios proceden una vez hecha la reserva para obligaciones contingentes y pago del pasivo

sds
(Supersociedades, Concepto 220-21126, 02/13/2018 )

De acuerdo con lo previsto en los artículos 245 y 247 del Código de Comercio, el liquidador dentro del proceso de liquidación voluntaria de una sociedad está en el deber de hacer la provisión de los recursos necesarios para el pago de las obligaciones contingentes, entre las que se están las laborales en litigio, garantizando el pago de la condena en el evento en que resulte un fallo desfavorable. Efectuada la operación, es decir, la reserva de los recursos, indicó la Superintendencia de Sociedades, y habiéndose realizado el pago de todos los pasivos, no existe impedimento para que se entreguen anticipos a los socios y continúe el trámite de liquidación hasta la aprobación y registro de la cuenta final, pues ya estaría amparada la satisfacción de la obligación contingente.

 

Anuncios

Alistan Servicio informático electrónico del régimen tributario especial de la Dian para ESAL

dian
(Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Proyecto de norma, 02/28/2018 )

La Dian publicó un proyecto de norma con el cual adoptaría el Servicio informático electrónico régimen tributario especial (SIE RTE) para atender y gestionar las solicitudes de calificación, readmisión, permanencia y actualización presentadas por las entidades sin ánimo de lucro (ESAL) que deseen pertenecer al régimen tributario especial, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2150 del 2017, así como el registro de la memoria económica establecida en el inciso segundo del artículo 356-3 del Estatuto Tributario y el registro de contratos y actos jurídicos de que trata el inciso 2 del artículo 356-1 del mismo estatuto. El plazo para recibir comentarios será hasta el próximo 15 de marzo, a través del correo  Coord_control_ext_obl@dian.gov.co.

 

Sistemas de gestión documental adecuados guardan armonía con las labores de control fiscal

LogoCGR-V
(Contraloría General de la República, Concepto 233, 11/15/2017 )

En la medida en que las entidades públicas implementen en forma adecuada los sistemas de gestión documental se garantizará la preservación, autenticidad e integridad de los documentos y, así mismo, se facilitará y permitirá la disponibilidad y acceso de la información documental cuando sea requerida, desarrollando principios de transparencia, disponibilidad y oportunidad de la gestión documental, condiciones que son totalmente armónicas con las labores de control fiscal. Así lo indicó la Contraloría General de la República.

 

Precisan deber de las ESAL de registrar libros de actas en el registro mercantil o en la Dian

ConsecoTecnicoContaduria
(Consejo Técnico de la Contaduría Pública, Concepto 58, 02/16/2018 )

De acuerdo con lo previsto en el artículo 1.2.1.5.4.5 del Decreto 1625 del 2016, modificado por el Decreto 2150 del 2017, reglamentario de las donaciones de que trata el artículo 257 del Estatuto Tributario, el libro de actas de la asamblea general o máximo órgano directivo que haga sus veces de los contribuyentes de que tratan los artículos 1.2.1.5.1.2, 1.2.1.5.2.1 y 1.2.1.5.3.1, es decir, contribuyentes del régimen tributario especial, entidades del sector cooperativo y persona jurídicas sin ánimo de lucro (ESAL), constituye prueba idónea y deberá registrarse en la cámara de comercio o, en su defecto (si no están obligadas), en la Dian. Por lo tanto, indicó el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, es necesario evaluar cada caso particular.

 

Honorarios derivados de prestación de servicios no son créditos de primera clase en procesos de liquidación

sds
(Supersociedades, Concepto 220-13152, 02/05/2018 )

Los honorarios derivados de los contratos u órdenes de prestación de servicios y de apoyo a la gestión de carácter privado celebrados antes de la fecha de iniciación del proceso de liquidación no gozan de la protección especial reconocida en la ley al salario como crédito de primera clase, pues tienen una caracterización jurídica distinta derivada de la naturaleza del vínculo que los origina, especialmente en cuanto a la autonomía para el desempeño de la actividad contratada. Por lo tanto, indicó la Superintendencia de Sociedades, teniendo en cuenta que tampoco están enlistados entre los créditos de segunda, tercera y cuarta clase, las sumas correspondientes a honorarios carecen de privilegio para su pago y estarían dentro de la categoría de créditos de quinta clase o quirografarios, con la única excepción de aquellos devengados en virtud del contrato de mandato comercial, por expresa disposición del artículo 2277 del Código de Comercio.

 

Superfinanciera crea proforma sobre informe individual de operaciones activas de crédito

sfc
(Superfinanciera, Circular externa 002, 02/21/2018 )

Con el propósito de obtener información periódica de las operaciones activas de crédito, la Superintendencia Financiera derogó el Formato 279 (Proforma F.0000-80) y su correspondiente instructivo. De otra parte, se creó el Formato 536 (Proforma F.1000-139) “Informe individual de operaciones activas de crédito modificadas y reestructuradas”. Para asegurar la correcta transmisión de la información, las entidades deben realizar pruebas obligatorias entre el 2 y 9 de mayo de este año, con la información con corte al 31 de marzo del 2018. La primera transmisión oficial se realizará con la información al corte del 30 de abril del 2018, en los plazos previstos en el instructivo del formato.

 

¿Quiénes están obligados a registrar bases de datos?

sic
(Superindustria y Comercio, Concepto 18002594, 02/05/2018 )

La Ley de Protección de Datos Personales (Ley 1581 del 2012) aplica para todos los datos personales de personas naturales que estén en bases de datos o archivos de entidades públicas o privadas, recordó la Superintendencia de Industria y Comercio. El responsable del tratamiento es la persona natural o jurídica que decide sobre las finalidades del mismo y los medios empleados para el efecto, por ejemplo, ponerlo en circulación, usarlo de alguna manera o permitir su acceso, indicó la entidad. Quienes están obligados a registrar bases de datos personales son las sociedades y entidades sin ánimo de lucro que tengan activos totales superiores a 100.000 unidades de valor tributario (UVT), es decir, $ 3.316 millones, y las personas jurídicas de naturaleza pública.