Fondos de capital privado no pueden emitir bonos

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(Superfinanciera, Concepto 2017115018, 11/28/2017 )

De acuerdo con lo previsto en el libro 3 de la parte 3 del Decreto 2555 del 2010, que dispone el régimen de los fondos de capital privado (FCP), así como las referencias expresas a otros artículos del mismo, no existe disposición que establezca que estos fondos cuentan con capacidad para emitir bonos ni otro tipo de valores distintos a sus propias participaciones o documentos representativos. Así lo indicó la Superintendencia Financiera, en reciente concepto.

 

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Representante legal no puede realizar gestiones administrativas prescindiendo o suplantando a la junta directiva

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(Supersociedades, Concepto 220-285598, 12/19/2017 )

Las asamblea general de accionistas o junta de socios (máximo órgano social) tienen funciones de dirección, la junta directiva de administración y el representante legal de ejecución, sin que alguno de ellos pueda abrogarse las competencia del otro, ya que, teniendo en cuenta la atribución de funciones expresamente fijada en la ley, la misma debe asumirse de manera exclusiva y no es admisible la transferencia de poderes de un órgano a otro. Así, indicó la Superintendencia de Sociedades, la junta directiva y el representante legal pueden adoptar las decisiones que correspondan al curso ordinario de los negocios de la compañía, dentro de los límites o restricciones previstos en los estatutos sociales, siempre y cuando no constituyan actuaciones ilegales, abusivas o viciadas por un conflicto de interés, teniendo claro que el representante legal no puede realizar gestiones administrativas prescindiendo o suplantando a la junta directiva.

 

El consejo de contadores afina adaptación a nuevos estándares internacionales

Wílmar Franco Franco, presidente del Consejo Técnico de Contaduría Pública en 2017.

Wílmar Franco Franco, presidente del Consejo Técnico de Contaduría Pública en 2017

 

Desde el Consejo Técnico de Contaduría Pública (CTCP) se viene realizando todo el asesoramiento para que el país comience a estar en línea con los estándares internacionales.

El trabajo avanza de la mano del Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas de Información Financiera (Glenif) y con los diferentes grupos de interés en Colombia. En este proceso se analizaron y revisaron 10 proyectos de normas que serán emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB).

(Lea: Los retos de los contadores públicos)

De esta forma se da mayor participación a la comunidad contable y se fortalece la discusión pública de los documentos que modifican los marcos de información financiera en Colombia.

(Lea: ‘Un contador no puede ser juez y parte’)

Es por esto que durante el año anterior se dio la participación a los miembros del Consejo y de su equipo de trabajo en 10O eventos nacionales organizados por con el apoyo de instituciones de educación superior y de otras entidades.

En los foros se trataron temas de interés relacionados con las normas de contabilidad, información financiera y aseguramiento.

Uno de los aspectos de mayor concentración de esfuerzos del CTCP está relacionado con la Niif 16, que reemplaza la NIC 17 vigente y establece los principios para el reconocimiento, medición, presentación e información a revelar de los arrendamientos.

El objetivo es asegurar que los arrendatarios y arrendadores proporcionen información relevante, de manera que ella represente fielmente esas transacciones. Esta información les proporciona una base a los usuarios sobre los estados financieros para evaluar el efecto que los arrendamientos tienen sobre la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la entidad.

Otro aspecto de gran relevancia es el relacionado con las transacciones en moneda extranjera y contraprestaciones anticipadas. Esta interpretación se aplica a una transacción en moneda extranjera (o parte de ella) cuando una entidad reconoce un activo no financiero o pasivo no financiero que surge del pago o cobro de una contraprestación anticipada antes de que reconozca el activo, gasto o ingreso relacionado (o la parte de estos que corresponda).

OTROS ASPECTOS

Además, se trabaja en temas relacionados con la incertidumbre sobre los tratamientos fiscales. En ese aspecto, se aclara cómo aplicar los requisitos de reconocimiento y medición en la NIC 12 cuando hay incertidumbre sobre los tratamientos fiscales.

Se aplica a la determinación de la ganancia o pérdida fiscal, bases tributarias y pérdidas y créditos fiscales no utilizados, lo mismo que tasas de impuestos, cuando hay incertidumbre sobre los tratamientos de los impuestos, según la norma.

Con respecto a los contratos de seguros, se centran en en lo referente a la norma que establece principios para el reconocimiento, medición, presentación y divulgación de los contratos de seguro emitidos. También requiere que se apliquen principios similares a los contratos de reaseguro celebrados y los contratos de inversión con características de participación discrecional emitidos. El objetivo es asegurar que las entidades proporcionen información relevante, de manera que represente fielmente dichos contratos. 

Esta información proporciona una base para que los usuarios de los estados financieros puedan evaluar el efecto de los contratos dentro del alcance de la Niif 17 sobre la posición financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de una entidad.

Finalmente, sobre las transferencias de propiedades de inversión, hace una modificación de forma que se reflejen el principio de que un cambio de uso implicaría una evaluación de si una propiedad cumple, o ha dejado de cumplir, la definición de propiedad de inversión; y contar con evidencia que apoye que ha ocurrido ese cambio de uso. Mediante la aplicación de este principio, una entidad transferirá propiedades en construcción o desarrollo a, o desde, propiedades de inversión cuando, y solo cuando, exista un cambio de uso de esta propiedad apoyado por evidencia.

Informes de copropiedades certificados y dictaminados con base en el Decreto 2649 de 1993 carecen de validez

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(Consejo Técnico de la Contaduría Pública, Concepto 903, 12/26/2017 )

A partir del 1 de enero del 2015, para copropiedades clasificadas en el grupo 1 o 3, y del 1 de enero del 2016, para copropiedades clasificadas en el grupo 2, el Decreto 2649 de 1993 quedó sin vigencia, por lo que los estados financieros que cubran hechos posteriores a esa fecha deben ser elaborados  con fundamento en las nuevas normas de información financiera compiladas en el Decreto 2420 del 2015, único reglamentario del sector Contable. Continuar llevando la contabilidad con base en el Decreto 2649 hace que los informes certificados y dictaminados carezcan de validez legal e impide que sean utilizados como medio de prueba, recordó el Consejo Técnico de la Contaduría Pública.

 

Reducen tiempos en trámite de inscripción de tarjeta de contador

JuntaCentralContadores
(Junta Central de Contadores, Resolución 1002, 12/18/2017 )

En línea con la política de reducción y simplificación de trámites que impulsa el Gobierno, la Junta Central de Contadores (JCC) determinó modificar el procedimiento en línea para la inscripción por primera vez y expedición de la tarjeta profesional de Contador Público o tarjeta de registro profesional de las entidades que presten servicios propios de la ciencia contable. De igual manera, redujo los tiempos de respuesta, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias previstas para tal efecto y, por consiguiente, expidió una nueva norma que permite reducir y simplificar el tiempo del procedimiento en mención. Así, por ejemplo, en el trámite de inscripción, cuando el solicitante proporcione respuesta al requerimiento de información adicional, aclaración o explicación dentro del término establecido, la entidad contará con el término de 10 días hábiles siguientes a dicha radicación para verificar el cumplimiento de lo requerido y continuar con el procedimiento previsto. Por otra parte, cuando se haya cumplido con el lleno de los requisitos establecidos se dará inicio al procedimiento de inscripción en el registro profesional, el cual se surtirá dentro de 12 días calendario, es de aclarar que este se venía surtiendo en un lapso de dos meses. De esta manera, la entidad modificó la Resolución 0973 del 2015. Finalmente, aclara que las solicitudes efectuadas al 31 de diciembre del 2017, se les aplicarán el procedimiento contemplado en la Resolución 0973.

 

Conozca las nuevas tarifas de trámites y servicios de la Junta Central de Contadores

JuntaCentralContadores
(Junta Central de Contadores, Resolución 0003, 01/02/2018 )

En un porcentaje equivalente al incremento del salario mínimo para el 2018 (5,9 %), la Junta Central de Contadores (JCC) reajustó las tarifas para la expedición de tarjetas y certificaciones. De esta forma, algunos valores quedaron así: tarjeta profesional de contador público por primera vez: $ 303.000, tarjeta de registro profesional por primera vez: $ 3´907.000, sustitución de la matrícula profesional: $ 303.000, actualización de registro de entidades prestadoras de servicios contables (cambio de razón social y/o de naturaleza jurídica, cancelación, duplicado, etc): $ 391.000, certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios de contadores: $ 28.000. Las tarifas empezaron a regir desde ayer 2 de enero del 2018.

 

Gobierno reglamenta cambios del impuesto sobre la renta de personas naturales

minhacienda
(Minhacienda, Decreto 2250, 12/29/2017 )

Para incluir los cambios en la determinación del impuesto sobre la renta y complementarios contenidos en la Ley 1819 del 2016 (reforma tributaria estructural), el Ejecutivo expidió un nuevo decreto para modificar y sustituir algunos artículos a los capítulos 10, 11, 12, 19, 21 y 22 del título 1º y a los capítulos 1º y 7º del Título 4º de la Parte 2 del Libro 1º del Decreto 1625 del 2016, único reglamentario en materia tributaria. Así, por ejemplo, la norma reglamenta el tratamiento tributario que se debe aplicar a las personas naturales y a las sucesiones ilíquidas residentes, teniendo en cuenta la nueva determinación cedular de la renta, así como la deducción de contribuciones a fondos de pensiones de jubilación e invalidez y fondos de cesantías y el incentivo del ahorro de largo plazo para el fomento de la construcción. Igualmente, contempla el tratamiento tributario aplicable a los dividendos y participaciones que se reportan con cargo a las utilidades generadas a partir del año gravable 2017, considerando la regulación prevista en el artículo 342 del Estatuto Tributario (E. T.).